El cierre de la Escuela Municipal de Música de Burgos el pasado 9 de marzo no fue un accidente ni una fatalidad inevitable. Fue el desenlace previsible y evitable de una cadena de negligencias administrativas que culmina ahora en una pretensión que, desde el punto de vista jurídico, resulta sencillamente inasumible.
La historia que nadie quiere contar
En septiembre de 2020, el Ayuntamiento formalizó un contrato de gestión con una duración máxima de cinco años. La fecha de caducidad —septiembre de 2025— estaba marcada en rojo en el calendario. Sin embargo, llegada la fecha, el Consistorio no había hecho sus deberes: no había nuevos pliegos ni nueva licitación. Ante el abismo de dejar a 700 alumnos sin clases, la Administración optó por la vía del orden y mando, imponiendo al gestor una "continuidad forzosa" en las mismas condiciones económicas, pese a que el servicio ya le resultaba deficitario.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en un auto demoledor dictado el 2 de marzo, puso fin a este atropello. El tribunal no solo suspendió la obligación del gestor de continuar prestando el servicio, sino que afeó duramente al Ayuntamiento su falta de previsión. La sentencia es clara: la Administración "podía haber evitado esta situación límite" tramitando a tiempo un nuevo procedimiento, y el contratista —que ya había cumplido escrupulosamente su contrato y las prórrogas legales— no tenía por qué soportar la carga de garantizar un servicio que ya no le correspondía.
El resultado fue el cierre de la escuela el 9 de marzo. Y es aquí donde el despropósito administrativo pretende mutar en ilegalidad manifiesta.
El atajo ilegal que el Ayuntamiento quiere tomar
Acorralado por la presión social y la evidencia de su propia inacción, el Ayuntamiento pretende ahora "negociar" con el mismo gestor la reanudación de las clases. ¿La fórmula mágica? Asumir las pérdidas del empresario y pagarle el "coste real del servicio" hasta que se resuelva una futura licitación. Suena pragmático, pero jurídicamente es una aberración.
Una vez que el contrato ha agotado su plazo máximo y un tribunal ha dictaminado que el contratista no tiene obligación de seguir, el vínculo jurídico está muerto y enterrado. En este escenario, sentarse a negociar con el antiguo gestor para que retome la actividad a cambio de un precio distinto no es un "acuerdo de continuidad". Llamemos a las cosas por su nombre: es una adjudicación directa encubierta y una modificación sustancial de un contrato extinguido.
La Ley de Contratos del Sector Público prohíbe taxativamente esta práctica. El precio es un elemento esencial e indisponible del contrato público. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 7 de septiembre de 2016 (asunto C-549/14), dejó sentado que no es posible introducir una modificación sustancial en un contrato público mediante una negociación directa entre el poder adjudicador y el adjudicatario, aunque ambas partes consientan. Alterar el equilibrio económico a favor del contratista exige, inexcusablemente, una nueva licitación.
El peligroso precedente
El argumento de que el gestor acudiría ahora "libremente" al acuerdo no salva la nulidad de la operación; de hecho, la agrava. Si aceptáramos que la Administración y un contratista pueden pactar libremente nuevos precios para reanudar un servicio paralizado, estaríamos dinamitando los principios de publicidad, libre concurrencia e igualdad de trato. Llevado al extremo, este peligroso precedente permitiría a cualquier empresa forzar la paralización de un servicio esencial para, acto seguido, imponer a la Administración los precios que estimase oportunos, saltándose a la torera cualquier escrutinio competitivo.
Lo que sí es legal: indemnización y nueva licitación
Es cierto, y de justicia reconocerlo, que el gestor tiene derecho a ser resarcido por las pérdidas sufridas durante los meses que se vio obligado a prestar el servicio bajo la prórroga forzosa ilegal. La doctrina del enriquecimiento injusto y la responsabilidad patrimonial de la Administración le amparan. Tribunales como el TSJ de Aragón ya han condenado a administraciones a pagar millones de euros por imponer prórrogas a pérdidas.
Pero esa restitución patrimonial pertenece a una esfera jurídica completamente distinta. Las pérdidas pasadas se reclaman por vía administrativa y, en última instancia, se ganan en los tribunales. No se negocian en los despachos del Ayuntamiento como moneda de cambio para reabrir una escuela. La Administración carece de potestad para utilizar el dinero público destinado a indemnizaciones como incentivo para adjudicar irregularmente la prestación futura de un servicio.
La única salida legal
El Ayuntamiento de Burgos se encuentra atrapado en un laberinto que él mismo ha construido. Intentar salir de él mediante un pacto novatorio ilegal solo agravará el problema, exponiendo a la institución a la nulidad de pleno derecho de sus actos y a posibles responsabilidades añadidas. La única salida acorde a Derecho es licitar un nuevo contrato por la vía de urgencia y asumir, en sede judicial, el coste de los daños causados al anterior gestor.
Tapar la incompetencia administrativa con atajos ilegales nunca es la solución. En el Estado de Derecho, el fin —por muy loable que sea reabrir una escuela de música— jamás justifica los medios.
700 alumnos sin clases. Un tribunal que ya avisó. Un Ayuntamiento que no hizo sus deberes. La solución no es otro atajo: es licitar ya, asumir el coste de los errores y no volver a dejar que esto pase.
Referencias legales: Auto TSJ Castilla y León, 2 de marzo de 2026; Art. 35 y 205 Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público; STJUE de 7 de septiembre de 2016, asunto C-549/14. Publicado el 25 de marzo de 2026.
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