En noviembre de 2016, el PP y Ciudadanos aprobaron en las Cortes de Castilla y León el Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad. Mañueco lo presentó como un paso histórico hacia la regeneración democrática. Ciudadanos lo exigió como condición para apoyar al PP. La norma establecía límites de mandatos para el presidente de la Junta y los consejeros, y prohibía acumular el escaño de procurador con la alcaldía o concejalía en municipios de más de 20.000 habitantes.
Diez años después, Mañueco se presenta a sus terceras elecciones consecutivas como candidato a la presidencia. La limitación de mandatos no le alcanza porque la norma no tiene efecto retroactivo. Ciudadanos ya no existe. Y la regeneración democrática de Castilla y León ha quedado en lo que siempre fue: papel mojado con membrete oficial.
El caso de Borja Suárez es la ilustración más reciente de ese fracaso.
La empresa que viene expresamente
Cuando la Consejería de Medio Ambiente de la Junta necesita un cóctel para la gala de medallas de la Policía Local, o cuando Proburgos organiza una jornada sobre hidrógeno y necesita un "coffee break", llaman a Eventos El Espino SL. La empresa se desplaza desde Santa Gadea del Cid, un municipio de la sierra burgalesa a 80 kilómetros de la capital, en la vieja carretera Bilbao-Burgos. No es una empresa de catering anónima: es la sociedad gestora del Monasterio del Espino, un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural del siglo XV que se explota como espacio para bodas y eventos empresariales.
Viene expresamente. Sabe a quién le está vendiendo el catering. Y quienes la contratan saben perfectamente de quién es la empresa.
Porque Eventos El Espino SL es, en parte, de Borja Suárez: concejal del Ayuntamiento de Burgos, presidente de la Diputación Provincial y presidente del Partido Popular en Burgos. Entre 2023 y 2025, las administraciones públicas adjudicaron a esa empresa al menos doce contratos, todos ellos como contratos menores, sin mesa de contratación ni publicidad previa:
| Administración contratante | Contratos | Observación |
|---|---|---|
| Proburgos (sociedad pública municipal) | 6 | Suárez es concejal del Ayuntamiento del que depende Proburgos |
| Ayuntamiento de Burgos | 2 | Suárez es concejal del mismo Consistorio |
| Consejería de Medio Ambiente (Junta CyL) | 3 | El PP de Suárez gobierna la Junta |
| Consejería de Economía (Junta CyL) | 1 | Ídem |
El socio de Suárez en la empresa es Koldo Madariaga Rica, productor de txakoli en Miranda de Ebro. No es un desconocido: fue el protagonista de la llamada "guerra del txakoli de Burgos", la iniciativa para que los productores burgaleses pudieran usar ese nombre frente a los vascos. La cara política de esa batalla era el propio Suárez, entonces vicepresidente de la Diputación. Y en las Cortes de Castilla y León, apoyando la causa, estaba la entonces procuradora del PP Cristina Ayala, hoy alcaldesa de Burgos. La aventura acabó en derrota en 2015. Pero la relación entre Suárez y Madariaga no se enfrió.
El oscurantismo de las acciones
¿Cuánto tiene Suárez de la empresa? Depende de cuándo se pregunte y a quién.
En su declaración de bienes de junio de 2023, reconoció poseer el 22% de Eventos El Espino SL. Eso ya superaba el umbral legal del 10% que obliga a declarar la participación. Pero en febrero de ese mismo año, según la alcaldesa Ayala, Suárez habría cedido notarialmente sus acciones a otro socio. ¿Una transmisión real? ¿O una pignoración, es decir, una cesión en garantía que no implica pérdida de la titularidad? Ayala, que se presenta como jurista, no supo precisarlo. La diferencia es determinante: si fue una pignoración, Suárez nunca dejó de ser accionista.
Después, dos socios salieron de la empresa. El asunto acabó en un juzgado mercantil. Como resultado, Suárez recompró sus acciones y desde diciembre de 2025 controla el 33% de la empresa, un tercio de su capital. Es también propietario del 20% de otra mercantil, El Granero de San Francisco SL, que comparte administradores solidarios con Eventos El Espino.
Suárez dice que desconocía los contratos. Que es un concejal sin cartera. Que no participa en mesas de contratación. Puede que todo eso sea cierto. Pero la ley no le pregunta si sabía o no sabía.
Lo que es jurídicamente
El marco legal es claro y no admite interpretaciones favorables.
El artículo 12 de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, obliga a los cargos públicos a optar entre mantener el cargo o desprenderse de la participación societaria cuando su empresa contrata con la administración donde ejercen funciones. No hay término medio, no hay excepción por falta de cartera.
El artículo 71.1.g de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), establece una prohibición automática de contratar para las empresas en las que un cargo público tenga una participación superior al 10%. Esta prohibición es objetiva: se aplica aunque el cargo no intervenga en la adjudicación, aunque sean contratos menores, aunque sean pagos por caja fija. No depende de la intención. Depende del porcentaje.
Las consecuencias son igualmente nítidas. Los contratos celebrados en esa situación pueden declararse nulos de pleno derecho por haberse formalizado estando la empresa incursa en prohibición de contratar. Y pueden derivarse responsabilidades disciplinarias para los funcionarios que los tramitaron sin advertir la incompatibilidad: la Secretaría General, la Intervención y los órganos de fiscalización son los llamados a actuar de oficio.
No es una cuestión de ética, aunque también lo es. Es una cuestión de legalidad.
Lo que pedimos
DECIDE Burgos no pide que Borja Suárez vaya a la cárcel. Pide lo que la ley ya establece y nadie está aplicando:
Primero, que Suárez dimita de todos sus cargos públicos mientras se esclarecen las responsabilidades. No pedimos que se quede sin trabajo. Pedimos que elija: o el cargo público, o el negocio privado.
Segundo, que devuelva los importes percibidos por contratos que pueden ser nulos de pleno derecho. El dinero público no es un regalo.
Tercero, que el Ayuntamiento de Burgos, Proburgos y la Junta de Castilla y León inicien de oficio los procedimientos de revisión que la Ley de Contratos del Sector Público prevé. No basta con pedir un informe. La ley obliga a actuar.
La alcaldesa Ayala ha pedido un informe a la Secretaría General. Una reacción que llega después de que la prensa publicara la noticia, no antes. Eso no es regeneración democrática. Es gestión de la imagen.
En 2016, cuando el PP y Ciudadanos aprobaron su ley de regeneración, el portavoz popular en las Cortes dijo que era "una manera de comenzar a avanzar". Diez años después, el presidente del PP de Burgos acumula tres cargos públicos, una empresa que factura a las administraciones que él controla o influye, y un socio cuya relación con él viene de una guerra del txakoli que también perdieron juntos.
Si esto es avanzar, que alguien nos explique hacia dónde.
DECIDE Burgos es una candidatura ciudadana que concurre a las elecciones autonómicas del 15 de marzo de 2026 en coalición con Nueve Castilla y León.
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