Un gobernante se define por las decisiones que toma cuando su interés personal choca con el interés general. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha tomado su decisión: proteger su sillón a toda costa, aunque eso signifique arriesgarse a que la ciudad pierda el acceso a fondos y subvenciones. El campo de batalla es la nueva tasa de basuras, y la alcaldesa tiene en su mano la misma herramienta que ya usó para imponer sus presupuestos, la cuestión de confianza. Pero esta vez no la usa. ¿Por qué? Porque esta vez, si pierde, se va a casa.
Que no nos engañen con excusas. El debate no es si la oposición es responsable o si el Gobierno de España impone leyes. El debate es por qué la alcaldesa no utiliza un mecanismo legal a su alcance para resolver un problema que ella misma califica de urgente. La respuesta está en la letra pequeña de la ley, esa que distingue la valentía de verdad de la de postureo.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) permite a un alcalde vincular una decisión a una cuestión de confianza, pero el resultado es muy distinto según qué se vincule:
- Para los presupuestos (art. 197 bis): Es una vía de escape. Si el alcalde pierde la confianza, la oposición tiene un mes para proponer un candidato alternativo. Si no lo logran, el presupuesto se aprueba y el alcalde sigue en su puesto. El riesgo es prácticamente nulo. Fue una imposición, no un acto de coraje.
- Para una ordenanza fiscal (art. 197.1): Aquí no hay red de seguridad. Si un alcalde vincula la aprobación de una tasa a una cuestión de confianza y pierde la votación, cesa automáticamente.
Esta es la razón de todo el teatro. La alcaldesa no arriesga su puesto para evitar que nos condenen a no recibir subvenciones. Tiene miedo a que el déficit generado en la gestión de residuos la sepulte, y su única salida es culpar a los demás.
La crónica de un déficit anunciado
¿Y por qué es tan urgente esta tasa? Porque se ha roto un principio de buena gestión que el propio Ayuntamiento de Burgos aplicaba desde hacía años, en línea con lo que ya marcaba Europa: los servicios se pagan con lo que cuestan. La tasa cubría el coste real del ciclo de los residuos para mantener el equilibrio y desincentivar la generación de basura.
Ese principio saltó por los aires con la llegada de Daniel de la Rosa a la alcaldía, que empezó a incrementar el precio de los servicios sin ajustar las tasas. Una tendencia que Cristina Ayala ha agravado. Su equipo de gobierno ha revisado al alza el contrato de recogida de residuos y limpieza viaria en torno a un 10%. Y, sobre todo, ha consolidado el desastre en la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR).
El anterior alcalde dejó caducar el contrato y la solución fue comprar una acción de Somacyl, la empresa pública de la Junta, para entregarle la gestión como "medio propio". Un fraude de ley, porque Somacyl no gestiona directamente, sino que subcontrata, actuando como un mero intermediario para evitar un concurso público. El resultado: el coste del tratamiento se ha disparado a través de un gestor opaco.
El servicio, que antes se autoabastecía, ahora es deficitario. El desfase se cubre con otros ingresos, pero el desequilibrio es real: el gasto corriente se dispara, el presupuesto no tiene margen para inversiones y se ha tenido que recurrir a un crédito de 25 millones de euros. Cuando los remanentes y los fondos europeos desaparezcan, la viabilidad de la ciudad estará comprometida.
La ley, la subvención y el sillón
Ahora, la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados obliga a que la tasa cubra el 100% del coste. Y el Gobierno de España ha sido claro: quien no cumpla, no recibirá subvenciones. La alcaldesa lo sabe. Sabe que tiene la herramienta para forzar la aprobación de la tasa. Pero entre el interés de Burgos y su propio puesto, ha elegido lo segundo. Después de gobernar de espaldas a todos, su llamada al consenso no es solo un insulto, es la confesión de su propia debilidad.
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