Los números que celebramos y la realidad que no queremos ver

Castilla y León lidera rankings nacionales en educación, dependencia y sanidad. Pero cuando miramos más allá de los titulares, los datos cuentan una historia diferente: una comunidad que pierde población, donde los salarios están por debajo de la media, el campo no es rentable y la sanidad rural se desmorona. ¿Podemos seguir siendo complacientes con esta realidad?

El discurso oficial es conocido. Castilla y León es primera en educación según el informe PISA, primera en atención a la dependencia sin listas de espera, y segunda en sanidad con un gasto per cápita superior a la media española. Los números parecen avalar un modelo de éxito. Pero cuando se analizan con detenimiento, esos mismos números revelan una realidad incómoda que preferimos no ver.

Educación: el privilegio demográfico que vendemos como excelencia política

Castilla y León obtiene sistemáticamente los mejores resultados educativos de España en las pruebas PISA, superando incluso a comunidades con mayor inversión económica. Los estudiantes castellanos y leoneses se sitúan al nivel de Finlandia en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Es un logro indiscutible. Pero la pregunta que nadie quiere hacer es: ¿cuánto de ese éxito se debe a políticas educativas excepcionales y cuánto a factores socioeconómicos que nada tienen que ver con la gestión política?

Un análisis detallado de los factores que explican estos resultados revela que el supuesto "modelo educativo" de Castilla y León se sustenta sobre privilegios demográficos, no sobre innovación pedagógica. La comunidad tiene una de las tasas de inmigración más bajas de España: apenas un nueve por ciento de los estudiantes son inmigrantes, frente al quince o veinte por ciento de Madrid, Murcia o Navarra. Los datos de la OCDE muestran que los estudiantes inmigrantes obtienen de media treinta y nueve puntos menos en matemáticas que los nativos. En una comunidad con baja inmigración, la integración en las aulas es más sencilla y los resultados promedio mejoran automáticamente.

La estructura demográfica también juega a favor. Castilla y León tiene pueblos muy pequeños, con escuelas rurales donde hay cuatro o cinco niños por clase. No porque la ratio oficial lo establezca así, sino porque en el pueblo no hay más niños. Esa enseñanza individualizada, que en otras comunidades requeriría inversiones millonarias, aquí es consecuencia directa de la despoblación. Una profesora leonesa con catorce años de experiencia en escuelas rurales lo resume con claridad: "La clave de nuestras escuelas rurales es que tenemos menos niños por clase, no porque lo diga la Consejería, sino porque en el pueblo no hay más niños".

Además, Castilla y León es una sociedad homogénea con una tradición cultural que valora la educación desde hace generaciones. Las tasas de alfabetización históricamente altas y la ausencia de alternativas económicas rápidas —no hubo aquí boom turístico ni inmobiliario— han consolidado una presión social por el estudio que se transmite de padres a hijos. Todo esto favorece los resultados educativos, pero no tiene nada que ver con la gestión política.

Entonces, ¿es mérito de las políticas educativas o es simplemente más fácil ser primero cuando tienes población homogénea, clases pequeñas por despoblación y familias con tradición educativa? La respuesta debería hacernos reflexionar antes de celebrar rankings como si fueran victorias propias.

Dependencia: primeros con cuatrocientos cincuenta y cinco euros al mes

Castilla y León también lidera el ranking nacional en atención a la dependencia. Cerró el año dos mil veinticinco sin lista de espera, con cero personas esperando prestación. Es un dato que el gobierno autonómico repite con orgullo. Y es cierto: mientras en el conjunto de España más de treinta y dos mil personas murieron en listas de espera durante dos mil veinticinco, Castilla y León gestionó el sistema con una media de ciento trece días de espera, la segunda mejor del país tras Ceuta.

Pero ser primero en gestión no significa ofrecer calidad. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que es la ayuda que reciben las personas que cuidan a un familiar dependiente en casa, alcanza un máximo de cuatrocientos cincuenta y cinco euros al mes para el grado tres de gran dependencia, el nivel más grave. Cuatrocientos cincuenta y cinco euros para cuidar todo el día a una persona con pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial. Esa es la realidad que esconden los rankings.

¿Qué vida tiene un cuidador familiar con cuatrocientos cincuenta y cinco euros al mes? ¿Cómo se sostiene económicamente una familia cuando uno de sus miembros debe dejar de trabajar para atender a un dependiente en situación de gran dependencia y recibe esa cantidad como compensación? Las cuantías mínimas para estas prestaciones se establecieron por primera vez en dos mil veintitres: cien euros al mes para el grado uno. Antes de esa fecha, ni siquiera existía un mínimo garantizado.

Ser primeros en un sistema infrafinanciado no es un logro. Es simplemente gestionar mejor la escasez. Y celebrarlo como un éxito mientras los cuidadores familiares de personas en gran dependencia malviven con prestaciones de cuatrocientos cincuenta y cinco euros al mes es, como mínimo, complacencia.

Sanidad: más gasto, menos servicio

El discurso oficial también celebra la sanidad. Castilla y León es segunda en el ranking nacional y gasta dos mil euros per cápita en sanidad, ciento sesenta euros más que la media española. Las listas de espera quirúrgicas han bajado de ciento ocho días a ochenta y siete días en el último año. Los números, de nuevo, parecen avalar un sistema que funciona.

Pero esos mismos números conviven con una realidad que se vive cada día en el medio rural: el cierre progresivo de consultorios médicos. En febrero de dos mil veintiséis, medio millar de personas se manifestaron en Toreno, en la provincia de León, reclamando médicos que atiendan a una población envejecida. El PSOE de León alertó del colapso de la sanidad rural en El Bierzo apenas seis días antes. La farmacia rural leonesa expresó su preocupación por el impacto del cierre de consultorios médicos en pueblos donde la farmacia es, a veces, el único punto de atención sanitaria que queda.

La contradicción es evidente: se gasta más per cápita, pero se da menos servicio en el medio rural. ¿De qué sirve invertir ciento sesenta euros más por habitante si los consultorios se cierran y los pueblos se quedan sin médico? La respuesta es que el gasto sanitario per cápita aumenta automáticamente cuando la población disminuye, aunque el servicio real empeore. Es un efecto estadístico, no una mejora real.

Economía y despoblación: los datos que no salen en los titulares

Mientras Castilla y León celebra sus rankings en servicios públicos, la comunidad pierde población, autónomos y capacidad económica. Desde mil novecientos noventa, ha perdido el siete por ciento de su población. Casi la mitad de sus dos mil doscientos cuarenta y ocho municipios tienen menos de quinientos habitantes. Es una de las regiones menos pobladas de la Unión Europea.

En dos mil veinticuatro, Castilla y León lideró la pérdida de trabajadores autónomos en España: mil cuatrocientos cuatro autónomos menos. León fue la tercera provincia que más población perdió ese año. Mientras el medio rural español crecía en veintidós mil personas en municipios de menos de cinco mil habitantes, Castilla y León seguía perdiendo población activa.

El Producto Interior Bruto per cápita de la comunidad se situó en treinta mil ochocientos ochenta y siete euros en dos mil veinticuatro, por debajo de los treinta y dos mil seiscientos treinta y tres euros de la media española. Los salarios medios también están por debajo de la media nacional. Castilla y León no solo pierde población: pierde capacidad económica.

El campo: ayudas históricas sin rentabilidad

El sector primario, que debería ser uno de los pilares de una comunidad rural como Castilla y León, tampoco escapa a la contradicción entre discurso y realidad. El gobierno autonómico habla de "ayudas históricas" para impulsar el relevo generacional en la agricultura y ganadería. La Política Agrícola Común transfiere ochocientos treinta y un millones de euros a más de cincuenta y cinco mil agricultores y ganaderos.

Pero las organizaciones agrarias cuentan otra historia. ASAJA de Castilla y León resumió el balance de dos mil veinticuatro con una frase contundente: "El año acaba lastrado por unos costes de producción altos que merman la rentabilidad de los agricultores y ganaderos". COAG añadió que "los precios agrícolas siguen mermando la rentabilidad". La producción se salvó gracias a la alta cualificación profesional y a una climatología favorable, pero la rentabilidad sigue siendo un problema estructural.

El cuarenta y uno por ciento de los propietarios de fincas rústicas tienen más de sesenta y cinco años. El relevo generacional es esencial para la supervivencia del campo, pero ¿cómo se convence a un joven de que el campo tiene futuro cuando la falta de rentabilidad es el freno principal del sector? Las ayudas pueden amortiguar la caída, pero no resuelven el problema de fondo: el campo no es rentable.

La pregunta incómoda: ¿podemos seguir siendo complacientes?

Castilla y León lidera rankings nacionales en educación, dependencia y sanidad. Esos datos son ciertos. Pero también lo son estos otros: la comunidad pierde población desde hace décadas, los salarios están por debajo de la media española, el campo no es rentable, la sanidad rural se desmorona y las prestaciones de dependencia son insuficientes para vivir dignamente.

Los buenos resultados educativos se explican en gran medida por factores socioeconómicos y demográficos, no por políticas excepcionales. Ser primeros en dependencia con cuatrocientos cincuenta y cinco euros al mes para cuidadores de gran dependencia no es calidad, es gestionar mejor un sistema pobre. Gastar más en sanidad mientras se cierran consultorios rurales es una contradicción que no se puede ignorar.

No se puede ser complaciente ante esta realidad. No basta con celebrar rankings cuando los datos demográficos, económicos y sociales muestran una comunidad que se vacía, envejece y pierde capacidad de futuro. Debemos ser más críticos con nosotros mismos. Porque los números que celebramos esconden la realidad que no queremos ver.

Y esa realidad exige algo más que titulares. Exige políticas que aborden los problemas de fondo: la despoblación, la falta de rentabilidad del campo, el deterioro de la sanidad rural, la insuficiencia de las prestaciones sociales y la necesidad de una economía que genere oportunidades reales para que la gente pueda quedarse. Porque ser primero en un ranking no sirve de nada si el territorio se vacía y el futuro se aleja.