Castilla y León tiene el 26% de su población mayor de 65 años. Es la comunidad más envejecida de España junto a Asturias. Ese dato debería traducirse en una sanidad pública que anticipa lo que viene: más cuidados de larga duración, más atención a la salud mental, más inversión en que las personas puedan moverse con dignidad por sus propios edificios. En cambio, lo que tenemos son tres deudas que llevan años acumulando intereses y que ningún partido ha querido saldar en esta campaña.
1. Cuidados intermedios: el eslabón que falta
Entre el hospital y el domicilio hay un espacio que en Castilla y León casi no existe. Se llama cuidados intermedios: unidades de convalecencia, rehabilitación post-hospitalaria, atención al paciente crónico complejo que ya no necesita cuidados agudos pero tampoco puede volver a casa sin apoyo. En la mayoría de los casos, esos pacientes se quedan bloqueados en camas hospitalarias que cuestan entre 700 y 900 euros al día, cuando una plaza de cuidados intermedios costaría entre 120 y 180 euros. No es solo un problema de eficiencia: es un problema de dignidad. Un paciente que ha superado lo peor merece recuperarse en un entorno adecuado, no en una cama de agudos rodeado de urgencias.
El Plan de Salud de Castilla y León 2022-2027 menciona los cuidados intermedios como objetivo. Sin dotación presupuestaria específica. Sin calendario. Sin plazas comprometidas. País Vasco, Cataluña y Navarra llevan más de una década construyendo redes de cuidados intermedios que reducen la presión hospitalaria y mejoran los resultados de salud. Castilla y León sigue esperando.
La propuesta de DECIDE Burgos es concreta: que la Junta apruebe un plan de despliegue de plazas de cuidados intermedios con calendario y presupuesto verificable, comenzando por las provincias con mayor índice de envejecimiento. Burgos es una de ellas.
2. Salud mental: seis años esperando lo que ya se aprobó
En 2019, las Cortes de Castilla y León aprobaron una Proposición No de Ley instando a la Junta a incorporar psicólogos clínicos en la atención primaria. Una PNL no obliga a nada, pero sí expresa una voluntad política. Seis años después, esa voluntad no se ha traducido en ningún psicólogo en ningún centro de salud de la comunidad.
El resultado es visible en las consultas de cualquier médico de familia: entre el 30 y el 33% de las consultas de atención primaria tienen un componente psicológico relevante. Ansiedad, depresión, duelo, problemas de conducta en menores. El médico de familia los atiende como puede, con el tiempo que no tiene, y en la mayoría de los casos la solución es farmacológica porque no hay otra. La derivación a salud mental especializada tiene listas de espera que superan los 90 días en muchas zonas de la comunidad.
Castilla y León tiene aproximadamente 3,2 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes en el sistema público. La media nacional es de 4,5. La media europea es de 18. País Vasco, Baleares, Navarra, Galicia y Cataluña ya tienen psicólogo en atención primaria. El coste de implantarlo en toda España se estima en menos de 200 millones anuales —menos del 0,2% del gasto sanitario público—. En Castilla y León, la escala es mucho menor.
DECIDE Burgos exige que la Junta ejecute lo que sus propias Cortes aprobaron hace seis años: un programa de incorporación de psicólogos clínicos en atención primaria, con calendario, plazas comprometidas y evaluación de resultados. No otra PNL. Un plan real.
3. Accesibilidad: el dinero existe, la burocracia lo bloquea
El Estado tiene un programa de ayudas para mejorar la accesibilidad en edificios residenciales. Hasta 8.000 euros por vivienda con carácter general, hasta 14.000 si en el edificio reside una persona con discapacidad, hasta 17.000 si la discapacidad es severa. El dinero existe. Los requisitos están definidos. El problema está en cómo la Junta de Castilla y León gestiona esos fondos.
En Castilla y León, las ayudas se conceden en concurrencia competitiva: las comunidades de vecinos compiten entre sí por un presupuesto limitado. Si tu comunidad no gana el concurso, no hay ascensor, no hay rampa, no hay plato de ducha. Aunque cumplas todos los requisitos técnicos y económicos. Aunque en tu edificio viva una persona en silla de ruedas que lleva años sin poder salir sola. Aunque el médico haya certificado la necesidad.
Las comunidades que quedan fuera no son las que menos lo necesitan: son las que no tienen un gestor profesional que conozca los plazos, las que no pueden permitirse el informe técnico previo, las que no tienen capacidad burocrática para competir contra comunidades más grandes y mejor asesoradas. El sistema premia la capacidad de gestión, no la necesidad real.
La propuesta de DECIDE Burgos es la misma que ya aplican País Vasco y Navarra: convertir las ayudas de accesibilidad en un derecho subjetivo. Si cumples los requisitos técnicos y económicos, recibes la ayuda. Sin concurso, sin lista de espera indefinida, con un plazo máximo de resolución de seis meses. El dinero estatal está disponible. Lo que hace falta es voluntad política para distribuirlo de forma justa.
Tres deudas, una exigencia
Estos tres problemas tienen en común que no son nuevos, que tienen solución conocida y que ningún partido ha querido comprometerse con ellos en esta campaña. Son problemas que afectan a personas concretas: el paciente que sale del hospital sin tener a dónde ir, el joven con ansiedad que espera tres meses para ver a un psicólogo, la persona mayor que lleva años sin poder bajar a la calle porque su comunidad perdió el concurso de la Junta.
DECIDE Burgos no tiene la capacidad de aprobar estas medidas solo. Pero sí tiene la capacidad de obligar a que entren en el debate de las Cortes, de forzar comparecencias, de poner los números sobre la mesa cuando se negocia un presupuesto. Eso es lo que significa tener voz propia. No esperar a que alguien lo mencione en un mitin. Exigirlo.
"Castilla y León tiene la población más envejecida de España. Su sanidad pública debería ser la más preparada para lo que viene. Todavía no lo es. Eso tiene que cambiar."
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