La oportunidad de acuerdo en IFS

El Ayuntamiento de Burgos tiene cada vez menos capacidad para invertir con sus ingresos ordinarios. El gasto corriente crece año a año, los compromisos se acumulan y el margen que queda para inversión se estrecha. Para cuadrar el presupuesto de 2026 e incluir una partida de inversiones razonable, se ha necesitado pedir un préstamo de 25,2 millones de euros.

¿Cómo ha ido tirando hasta ahora? Con los remanentes. El ahorro acumulado de ejercicios anteriores, fruto de años de superávit y de una ejecución presupuestaria baja, ha permitido financiar inversiones que los ingresos anuales ya no cubren. A cierre de 2024, ese ahorro ascendía a 69,6 millones de euros. El de 2025 todavía no se ha dado a conocer. Pero a pesar de sus cifras, es un colchón finito: cada euro que se gasta de los remanentes es un euro que no estará mañana. Y cuando se agoten, solo quedarán dos opciones: más deuda o más impuestos.

Hasta ahora, gastar esos remanentes tenía un problema: no se podían utilizar de la forma que nos hacían creer. Cada año, antes de elaborar el presupuesto, se aprueba un techo de gasto: el importe máximo de gasto no financiero que el ayuntamiento puede asumir. Ese techo debe ser coherente con la regla de gasto, que limita cuánto puede crecer el gasto computable de un año a otro respecto a lo gastado el año anterior. En 2026, el límite de crecimiento es del 3,5%.

El resultado práctico era que se podían incorporar remanentes al presupuesto, pero no se podían gastar todos sin superar la limitación en el crecimiento del gasto. Por eso se presupuestaban inversiones ambiciosas que luego no se ejecutaban: en 2024, la ejecución de inversiones fue de 20,9 millones de euros; en 2025, estamos pendientes de conocer la cifra cuando se publique la liquidación del presupuesto. El presupuesto servía de escaparate —el gobierno lo sabía—, pero la ejecución real devolvía a todos a la realidad. No era solo que no quisieran: es que tampoco podían gastar todo lo que prometían.

Entre 2020 y 2023, con las reglas fiscales suspendidas por la pandemia, no hubo restricciones. Se podía gastar libremente. Tampoco lo hizo el gobierno socialista, sobrepasado por una gestión para la que no estaba preparado. Cuando en 2022 empezaron a reaccionar, era demasiado tarde y los frutos de sus inversiones quedaban para el siguiente gobierno. El PP entró despistado y perdió la última oportunidad de sacar adelante importantes inversiones en 2024.

Un nuevo escenario: las IFS

El Real Decreto-ley 15/2025 ha abierto un nuevo escenario: aparecen de nuevo las inversiones financieramente sostenibles (IFS). Permite destinar el superávit de 2024 a este tipo de inversiones durante 2025, 2026 y 2027. La diferencia clave es que estas no computan en la regla de gasto, es decir, permiten invertir por encima de los límites de crecimiento sin incumplir la normativa.

Pero no es automático. Para poder hacer inversiones financieramente sostenibles, el ayuntamiento tiene que cumplir unas condiciones previas: que su deuda no supere el 110% de los ingresos corrientes, que tenga superávit y remanente positivo, y que esté al corriente con la Seguridad Social y las obligaciones tributarias. Además, antes de destinar un solo euro a IFS, tiene que haber atendido las obligaciones pendientes con proveedores y que el periodo medio de pago no supere los 30 días. Solo entonces se abre la puerta.

Del superávit de 2024, parte se habrá gastado ya durante 2025 en modificaciones presupuestarias ordinarias. Pero parte sigue disponible, porque una porción no se incorporó y la que sí lo hizo no se ha ejecutado en su totalidad. Esa cantidad pendiente es la que puede canalizarse como IFS en lo que queda de plazo.

Los remanentes de 2025 aún no sabemos a qué se podrán destinar: dependerá de la normativa que se apruebe. El PP ya ha pedido que se orienten a proyectos productivos y vivienda, lo cual marca una dirección política que habrá que negociar.

La necesidad de planificar y acordar

Con el préstamo de 25,2 millones ya comprometido para las inversiones del presupuesto ordinario, y con una lista de proyectos anunciados que supera con creces la capacidad real del Consistorio, el escenario obliga a rediseñar. Hay que identificar qué inversiones de las que están en cartera pueden cumplir los requisitos de las IFS, cambiar la etiqueta y el origen de financiación de esas inversiones para que se ejecuten con cargo al remanente y no computen en la regla de gasto. Y hay que asumir que no todo cabe: los remanentes son finitos, el techo de gasto sigue vigente para todo lo demás, y los superávits futuros pueden tener un destino diferente al que el gobierno municipal imagina.

Para todo esto hace falta lo que hasta ahora no se ha visto: sentarse con los grupos políticos, planificar, priorizar y acordar. Las modificaciones presupuestarias que canalizan las IFS necesitan mayoría en el Pleno. Sin acuerdo, no hay IFS posibles.

El decreto ha abierto una ventana de tres años. Queda por ver si alguien se asoma.