El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, parece haber emprendido un viraje en su estrategia política que ha desconcertado a propios y extraños. De la promesa de respeto a la autonomía de las baronías territoriales, un pilar en su discurso inicial, hemos pasado a un intento de control férreo sobre los pactos en las comunidades autónomas.
Este cambio de criterio, evidenciado en las recientes negociaciones en Extremadura y Aragón, plantea una pregunta fundamental: ¿estamos ante una pérdida de rumbo de Feijóo o, por el contrario, se trata de una maniobra calculada para consolidar su poder y hacer frente a la creciente presión de Vox?
Del respeto a la intervención
Para comprender la magnitud de este giro, es necesario recordar la postura que mantenía Feijóo hace apenas un año. En mayo de 2023, tras las elecciones autonómicas y municipales, el líder del PP defendía a capa y espada la autonomía de sus barones para negociar los pactos poselectorales con Vox. "Vamos a ser respetuosos con las competencias de cada uno y con la realidad que se desprende de las urnas", afirmaba entonces.
Sin embargo, el escenario político ha cambiado, y con él, la estrategia de Feijóo. Las negociaciones en Extremadura y Aragón en febrero de 2026 han puesto de manifiesto una nueva doctrina: la intervención directa de Génova. La dirección nacional del PP ha entrado de lleno en las conversaciones, marcando las líneas rojas y dictando los tiempos, lo que ha generado tensiones con líderes regionales como María Guardiola.
El absurdo de Castilla y León
La situación actual adquiere un cariz aún más absurdo si la analizamos desde la perspectiva de Castilla y León. ¿Qué sentido tiene para un ciudadano de esta comunidad votar a PP o a Vox si el resultado más probable es la reedición de un gobierno de coalición que ya ha demostrado su incapacidad para gobernar?
El gobierno de coalición entre PP y Vox en Castilla y León, el primero de este tipo en España, saltó por los aires en julio de 2024, dejando un reguero de proyectos bloqueados y deudas históricas sin saldar. Durante este período, leyes fundamentales como la Ley de Despoblación quedaron en un cajón por la falta de acuerdo. El ejecutivo autonómico fue incapaz de aprobar más de dos presupuestos en cuatro años, sumiendo a la comunidad en una parálisis que ha lastrado su desarrollo.
Votar a PP o a Vox en Castilla y León se ha convertido en una elección entre dos actores de un mismo drama, condenados a entenderse, pero incapaces de gobernar.
Una voz sin tutelas
El cambio de criterio de Feijóo y el esperpento de la legislatura en Castilla y León dibujan un panorama desolador. Demuestran que los intereses de la comunidad y sus provincias son secundarios frente a las estrategias dictadas desde Madrid. No necesitamos políticos que lleguen a Castilla y León para protagonizar su propia historia, sin tener en cuenta lo que somos ni lo que queremos ser.
Ante este escenario, se hace más necesaria que nunca una voz fuerte, unida y sin tutelas, que no ponga los intereses de Castilla y León a los pies de las direcciones nacionales de los partidos, aquellas que luego nos olvidan. El esfuerzo de plataformas como Soria ¡YA!, UPL o los partidos de Ávila, aunque loable, corre el riesgo de diluirse en un parlamento fragmentado.
Por eso, propuestas como la de Decide Burgos cobran un sentido especial. Se trata de articular una voz unida que dé protagonismo real a Castilla y León y a las necesidades de sus provincias. Una voz que defienda los intereses de sus gentes sin pedir permiso a Madrid, que luche por el futuro de la tierra sin esperar a que otros decidan por ella. Es la hora de que Castilla y León decida por sí misma.
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