La despoblación es la gangrena silenciosa que corroe el mapa de España. Un mal endémico que, lejos de ser un mero dato estadístico, representa el fracaso político sostenido en el tiempo. Durante décadas, los dos grandes partidos que han vertebrado el poder en España, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), han utilizado la España Vaciada como un arma arrojadiza en el debate territorial, pero nunca como una prioridad real que requiera soluciones estructurales y valientes. Vox llegó a Castilla y León y su gobierno no cambió absolutamente nada, ya que, con mayoría absoluta junto al PP ni siquiera fueron capaces de sacar adelante una ley contra la despoblación para el territorio. Castilla y León por su extensión y su sangría demográfica, es el epicentro y el espejo más cruel de esta farsa política.
El actual sistema de financiación autonómica, vigente desde 2009 y puesto en entredicho desde 2014, nació ya obsoleto para las regiones más despobladas. El modelo ha perpetuado un esquema que beneficia a las comunidades más pobladas y dinámicas, mientras castiga a aquellas que, como Castilla y León, deben prestar servicios públicos esenciales en un territorio extenso y con una población dispersa y envejecida. El coste de mantener un colegio con un puñado de alumnos o un consultorio médico para una aldea remota es exponencialmente mayor que en una urbe densamente poblada, un sobrecoste que el sistema de financiación no pondera adecuadamente.
Castilla y León, y en particular provincias como Burgos, Soria o Zamora, compiten en cifras de despoblación con las regiones más deshabitadas de Europa, un drama que exige mucho más que promesas recicladas.
La provincia de Burgos es un claro ejemplo de esta fractura. Aunque su densidad media de población (unos 25 hab/km²) no es de las más bajas de España, esconde una realidad de extremo desequilibrio. Comparte con Soria, Teruel o Cuenca el dudoso honor de albergar "desiertos demográficos", vastas comarcas con densidades inferiores a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Cientos de municipios pierden población año tras año, abocados a la extinción.
La hemeroteca es un juez implacable para la coherencia de los partidos. Tanto el PP como el PSOE han demostrado una asombrosa capacidad para defender con vehemencia la causa de la España Vaciada cuando están en la oposición, para luego relegarla al olvido una vez que alcanzan el poder. El PSOE, con Pedro Sánchez al frente, hizo bandera del "Reto Demográfico" con un ministerio y un ambicioso "Plan de 130 Medidas" que fue duramente criticado por su ineficacia. El PP, por su parte, con Alberto Núñez Feijóo, promete ahora que la despoblación será un "factor clave" en la financiación, un discurso que choca frontalmente con la inacción de su propio partido cuando tuvo mayoría absoluta para reformar el sistema.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, es el paradigma de esta política de gestos vacíos: tras cinco años de promesas, ha sido incapaz de sacar adelante una ley específica contra la despoblación.
La contradicción más flagrante se vive en la propia Castilla y León. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, vende millonarias inversiones contra la despoblación que no son más que un artificio contable: sumar varias veces el gasto ordinario en sanidad, educación o servicios sociales. La realidad es que la partida específica para este fin es de apenas 15 millones de euros, una cantidad irrisoria para la magnitud del problema. Tras cinco años de anuncios, Mañueco ni siquiera ha sido capaz de aprobar una ley de reto demográfico, que sigue bloqueada y sin avances significativos.
Frente a la parálisis y las excusas, es hora de plantear soluciones concretas. Si la voluntad política existiera, se crearía un Fondo de Despoblación dentro del sistema de financiación autonómica. No como un parche, sino como un mecanismo estructural y permanente. Este fondo se repartiría en función de criterios objetivos que miden el impacto real de la despoblación: la densidad de población inversa, la dispersión territorial, la pérdida de población histórica, el índice de envejecimiento y la orografía. Su financiación debe ser una responsabilidad de Estado, en cumplimiento del principio de solidaridad vertical, y debe ir acompañada de una leal solidaridad horizontal entre comunidades, que ponga fin a prácticas de dumping fiscal que vacían de riqueza los territorios más vulnerables.
La lucha contra la despoblación no ha sido nunca una prioridad real. Ha sido una herramienta de desgaste político y un caladero de votos movido por la desesperación. Hasta que la financiación no reconozca el coste real de prestar servicios en la España rural a través de un mecanismo valiente y decidido como el fondo propuesto, cualquier medida será un simple placebo. El artículo 138 de la Constitución, que consagra el equilibrio económico y la solidaridad entre territorios, seguirá siendo papel mojado, y la España Vaciada continuará su lento e inexorable camino hacia el silencio.
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