La corrupción que no duele. Y debería.

España acaba de registrar su peor puntuación del siglo en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional: 55 sobre 100, posición 49 del mundo. No es una estadística abstracta. Es el reflejo de algo que muchos ciudadanos ya sienten pero han dejado de nombrar: la corrupción ya no nos indigna como antes. Nos hemos acostumbrado. Y eso es lo más peligroso.

La red que no se ve

Hay una corrupción visible: la que llega a los juzgados, la que protagoniza portadas. Esa existe y hay que perseguirla. Pero hay otra que no tiene nombre en el código penal, que no genera titulares y que, sin embargo, es la que más condiciona la vida cotidiana de los ciudadanos. Es la red clientelar: el abre-puertas que cobra su comisión en forma de contrato, la subvención que ya tiene destinatario antes de que se publique la convocatoria, el cargo público que sabe exactamente a quién va a beneficiar el pliego que está redactando.

Funciona despacio y en silencio. El político que lleva años en el cargo construye una red de dependencias: sabe quién necesita qué, sabe quién puede ayudarle a él, y sabe que el dinero público es la moneda con la que se pagan esas lealtades. No hay sobres. No hay facturas falsas. Solo contratos que se adjudican a quien corresponde, subvenciones que llegan a quien ya estaba previsto que llegaran, y eventos públicos que pasan, curiosamente, por los municipios donde el cargo tiene sus intereses.

Esta corrupción es especialmente dañina porque es casi invisible para quien la sufre. El ciudadano que pierde una subvención frente a quien tenía el contacto adecuado no sabe que ha perdido. El empresario que no entra en la licitación porque el pliego estaba escrito para otro no puede demostrarlo. Y el político que lo hace puede seguir mirando a la cámara y hablando de transparencia.

La anestesia que nos han instalado

Hace veinte años, un caso de incompatibilidad evidente podía tumbar a un cargo público. Hoy, los ciudadanos leen la noticia, asienten con la cabeza y siguen con su vida. No porque no les importe, sino porque han aprendido que importar no sirve de nada. Los partidos protegen a los suyos, los informes jurídicos se encargan para ganar tiempo, y cuando la tormenta mediática pasa, el cargo sigue en su sitio.

Esta anestesia no es natural. Se ha construido con la repetición de escándalos sin consecuencias, con la normalización del "todos hacen lo mismo", con la sensación de que el sistema está diseñado para que nada cambie. Y una vez instalada, la anestesia es el mejor aliado de quien quiere seguir haciendo las cosas como siempre.

Una sociedad anestesiada no exige. Y lo que no se exige, se repite.

Burgos: el caso más reciente

En marzo de 2026, los medios de comunicación informaron de que Borja Suárez —concejal del Ayuntamiento de Burgos y presidente de la Diputación Provincial— posee alrededor del 33% de una empresa, Eventos El Espino S.L., que ha recibido doce adjudicaciones públicas entre 2023 y 2025. Entre ellas, seis contratos de ProBurgos —sociedad municipal del propio Ayuntamiento del que Suárez forma parte como concejal—, tres de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y uno de la Consejería de Economía. La empresa tiene su sede social en Santa Gadea del Cid, el municipio donde Suárez tiene sus negocios.

La respuesta institucional fue pedir un informe jurídico para aclarar si es legal. No una dimisión. No una suspensión cautelar. Un informe. Mientras tanto, el cargo sigue en sus funciones, gestionando el mismo dinero público que ha ido a parar a su empresa.

No hace falta que haya un sobre para que algo esté mal. Basta con que quien redacta los pliegos sea el mismo que se beneficia de los contratos. Basta con que los eventos turísticos financiados con dinero público pasen por el municipio donde el cargo tiene su negocio. Basta con que la convocatoria de subvenciones esté diseñada de tal manera que solo pueda ganarla quien ya sabe de antemano que va a ganarla.

Lo que DECIDE exige

La posición de DECIDE Burgos es clara: quien gestiona dinero público está obligado a hacerlo con transparencia total, y ante cualquier sombra de incompatibilidad, la respuesta no puede ser esperar al informe jurídico. La respuesta tiene que ser el apartamiento inmediato de las funciones mientras se aclara la situación. No como castigo: como garantía de que las instituciones funcionan por encima de las personas que las ocupan.

DECIDE Burgos ya exigió públicamente la dimisión de Borja Suárez y la revisión de todos los contratos adjudicados a Eventos El Espino S.L. Lo seguirá exigiendo. Porque si no pasa nada cuando hay una incompatibilidad evidente, la pregunta que queda en el aire es incómoda: ¿por qué no va a poder obtener subvenciones quien las prepara? ¿Por qué no van a pasar los eventos turísticos por el municipio donde el cargo tiene su negocio? ¿Por qué no va a funcionar la red si nadie la para?

Los políticos están para mejorar la vida de los ciudadanos, no la suya propia. Eso requiere confianza. Y la confianza no se declama en un mitin: se gana con transparencia, con rendición de cuentas y con la disposición a salir cuando la situación lo exige. Sin esperar a que te echen.

"La corrupción más peligrosa no es la que sale en los periódicos. Es la que hemos dejado de ver. La que ya no nos duele. Esa es la que hay que combatir primero."